Sevilla, 8 de enero de 2026.- CSIF Policía Local Sevilla y la asociación Élite Taxi Sevilla han emprendido una línea de colaboración conjunta para reclamar al Ayuntamiento de Sevilla soluciones reales ante la desaparición de la unidad policial destinada al control de la estación de Santa Justa y Aeropuerto de San Pablo. «Aquellos taxis que están inmersos en alguna acción judicial, o incluso que por turno no deberían trabajar, están allí agazapados, captando clientes y saltándose la norma; eso va en perjuicio del sector y de otras asociaciones que si están cumpliendo», explica el delegado de CSIF Policía Local, Santiago Raposo. El responsable sindical precisa que, en Sevilla, «además de los cerca de 2.000 taxis en activo, hay alrededor de 2.000 VTC que están desarrollando una actividad comercial en la ciudad sin control absolutamente ninguno, por parte de quien tiene la competencia directa: el Ayuntamiento de Sevilla».
A todo ello hay que añadir, «como poco, cerca de 200 vehículos con matricula falsa, simulando que son VTC». CSIF Policía Local denuncia que NO HAY CONTROL SOBRE ELLAS y esa sensación de impunidad resulta de la falta de una plantilla de Policía Local específica para ello: «NO HAY PRESENCIA EN LA CALLE».
Por su parte, el presidente de Élite Taxi Sevilla, Rafael Baena, subraya que «llevamos años denunciando este problema, solicitando la ampliación de esa plantilla de la Policía Local, específicamente formada en este tipo de intrusismo». El Vicepresidente de Élite Taxi, Javier Martín, insiste así mismo en la «sensación de abandono e impunidad» que rodea a los profesionales diariamente: «hay un efecto llamada por los hechos ilícitos continuados que se dan en la calle, por parte de taxis piratas o convencionales que incumplen sistemáticamente». «quien tiene la competencia de organización y de cumplimiento es la Policía Local; es el Ayuntamiento quien tiene que poner las herramientas necesarias, ya que Policía Nacional no tiene competencias en transporte o servicio», señala el presidente de Élite Taxi.
En este sentido, CSIF insiste que estos incumplimientos no se pueden controlar: «las sentencias que puedan existir quedan sin garantía porque no hay una figura policial que pueda hacer que se cumplan las necesarias condiciones de alejamiento».
Dos áreas municipales. CSIF precisa que la responsabilidad recae en dos áreas municipales: Movilidad, que encabeza el delegado Álvaro Pimentel, y Seguridad Ciudadana y RRHH, a cargo de Ignacio Flores Berenguer. Concretamente, la Central Sindical achaca a Seguridad y RRHH que el servicio de policía no esté presente en el Consejo de Gobierno para el Instituto del Taxi. «En cambio, a modo de placebo, está presente el coordinador de seguridad, Sr. Acuña, que sí tiene otras competencias, pero nunca competencia directa de mando sobre la Policía». Por otro lado, la responsabilidad de la Dirección del Instituto del Taxi corresponde al área de Movilidad, que solicita personal que para poder atender las necesidades que se le presentan allí, «pero desde RRHH no se dota».
Como explica el secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, «se produce una pinza de no atención a las necesidades del colectivo del Taxi», por lo que desde CSIF «nos hacemos eco, reclamando continuamente la dotación necesaria para la unidad policial que tiene que controlar los incumplimientos en materia de fraude en materia de transportes que no son legales».
Unidad desaparecida. La denuncia de CSIF y Élite Taxi se centra en la desaparición de una unidad específica en la Policía Local, que en principio «partió con más de 20 efectivos, hasta quedar solo tres a día de hoy: uno se ha jubilado y a los otros dos los han mandado, a cada uno, a una unidad distinta», explica Santiago Raposo desde CSIF Policía Local. A eso hay que añadir que las dependencias que tenían en la Jefatura de la Policía Local «se las han quitado, con lo cual, hoy la unidad solo existe sobre el papel, pero ya no hacen trabajos en la calle». Todo ello provoca que, tanto en el aeropuerto como en Santa Justa, no haya presencia policial.
Hasta el pasado año, los taxistas tenían un canal directo de comunicación con los policías que estaban en la unidad de aeropuerto y estación, a través del teléfono móvil y correo corporativo. «Pero un día vieron que los teléfonos estaban apagados y el correo no contestaba; tras mucho insistir a Jefatura, les contestaron diciéndoles que ya solo se podía contactar con ellos a través de un nuevo correo corporativo», explica Santiago Raposo. «Es el canal que tienen para poner las denuncias, pero desde ese correo, el ayuntamiento tardan entre 15 y 20 días en contestarles».
El abandono de una administración repercute negativamente en los intereses de la ciudadanía.
