En primer lugar definamos que es un «cártel». Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un cártel es una práctica particularmente dañina que engloba aquellos acuerdos entre empresas competidoras con el objeto de coordinar su comportamiento en el mercado o de influir en los parámetros de libre competencia, con conductas como la fijación de precios o la limitación de producción entre otras.
Pero…¿las empresas no pueden llegar a acuerdos entre ellas? Si que pueden, siempre y cuando esos acuerdos tengan efectos favorables para los consumidores. Las consecuencias de pertenecer a un cártel pueden suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio de esa empresa y hasta 60.000€ a sus representantes.
En los últimos dos años la gran mayoría de los taxistas y en función de cuando han cambiado de vehículo o renovado la póliza, han comprobado como sus compañías directamente les expulsaban sin justificación alguna o les disparaban el precio de su póliza hasta valores de más de los 12.000€ anuales, por el seguro que anteriormente pagaban no más de 1.100€. Tras esta situación, toca buscar aseguradora y comprobamos que hay una negativa generalizada por parte de todas las compañías a asegurarnos el taxi. Podemos decir entonces que el evidente abuso que se está cometiendo contra los taxistas por parte de las aseguradoras… ¿podría ser un cártel? Pues tiene todos los indicios para sospechar que SÍ lo es.
Durante el último año y medio, la Asociación Élite Taxi Andalucía determinó que la solución debiera de partir del gobierno central de un modo u otro, y ha documentó y puso en conocimiento del gobierno y oposición esta situación que sufre el sector. Presentando distintas iniciativas desde el Congreso y Senado, donde las aseguradoras y a través de un gobierno «pasivo» nos responden con mensajes contradictorios en la misma frase, primero reconocen lo que hasta ahora negaban, que nos segmentan junto a las VTC (con altísima siniestralidad), para terminar la frase alegando que las pólizas se cuantifican personalizándolas al titular, en función de su siniestralidad, edad, vehículo, etc. En que quedamos, ¿nos meten en un saco de 60.000 taxis, más 20.000 VTC? o que la póliza la ajustan a nuestro perfil personal que es lo lógico. Pues ante la duda parece que nos aplican ambos criterios según les viene en gana sin justificación alguna. Todo ello con el beneplácito de la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía. Recordamos que este organismo público está para velar porque estos abusos desproporcionados no se produzcan, y no solo que se han producido, sino que después de consultarles no tienen intención de ponerle remedio. Es más, dicen creer en la buena fe de un informe que posiblemente sea el de la patronal de aseguradoras (UNESPA), el cuál su redacción ya en tono duro frente el taxi, viene a decir en un escueto texto contradictorio y absolutamente carente de rigor, que «los taxis encuentran oferta aseguradora para sus necesidades en el mercado y no existe una situación de falta de cobertura generalizada para los taxis». Poniendo como opción al que no encuentre seguro, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), insinuando que para eso está, que alega solamente haber 800 taxis bajo ese paraguas. Lo de contradictorio es porque comienza el informe segmentándonos juntos, al sector completo del taxi y VTC, achacándonos una siniestralidad incierta, y unos parámetros que no se ajustan a la realidad general. Pero eso no es todo, van más lejos aún, añaden una gráfica donde alegan que se han disparado exponencialmente los siniestros (no aclaran a que vehículos se refiere) desde 2020, con 1.370.275 hasta los 1.707.880 en 2022. Curioso que esto ocurra en una etapa en la cual y según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión del COVID-19, el cual restringía estrictamente la movilidad de las personas y de los vehículos en todo el territorio nacional. Si no hay circulación de vehículos, como explican que se multiplican los siniestros respecto a años anteriores donde la circulación es plena. Todos estos datos no se documentan, simplemente facilitan una gráfica con números globales. Todo esto, es de lo más «burdo» que se puede inventar, subestimando al sector del taxi y contando con el beneplácito de una administración inoperante ante esta situación, que afecta gravemente a un sector considerado como «servicio público de interés general», en detrimento del derecho de toda la ciudadanía.
¿Qué podemos hacer a partir de aquí? El pasado enero, registramos una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, que ira tanto a pleno como a comisión, para forzar una solución a la mayor brevedad. Además presentaremos enmiendas al Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en un empeño de modificar la propia Ley. No se trata de la posibilidad, sino de la obligación de seguir reclamando lo que es de justicia y Élite Taxi Andalucía seguirá buscando alternativas y soluciones con la perseverancia que le precede, hasta que el taxi no tenga dificultad para encontrar seguros a precios competitivos.
