A estas alturas de lo que ha vivido y sufrido el sector del taxi en los últimos 10 años, no nos podemos sorprender por noticias como la que se hacen eco en el día de ayer toda la prensa nacional.
El jefe de la Policía de la UDEF, unidad encargada de la lucha contra el blanqueo de capitales, es detenido por pertenecer presuntamente a una organización criminal, en la que se califica como «la operación más importante contra la droga que se ha hecho en nuestro país y la segunda en Europa». O sea, el «zorro guardando el gallinero».
¿Y porqué tiene que llamar la atención del sector del taxi esta noticia? Quizás, tenga que ver con que en esos registros, aparte de coches de lujo y muchos millones de euros emparedados, han encontrado numerosas autorizaciones de VTC, unas 80 gestionadas por otra de las detenidas, cuñada del principal detenido. Aquí, presuntamente podríamos plantear varias hipótesis sobre el uso o interés de las VTC en esta trama, ¿las usaban para blanquear el dinero procedente del narcotráfico?, ¿para transportar y distribuir la droga más discretamente?, o ¿ambas cosas y algo más que se nos escapa?
Analizando esta cuestión, podríamos teorizar presuntamente sobre los distintos usos que se le dan a la figura legal de la VTC, teniendo en cuenta la complacencia de la administración para aplicar la norma al respecto.
Parece habitual que algunas organizaciones criminales, las estuvieran usando como una herramienta más, para distintos usos ilegales, abusando de la benevolencia de la administración para con el control sobre las VTC. Así como algunas plataformas de movilidad, que le dan un uso de transporte de pasajeros, presuntamente incumpliendo sistemáticamente la normativa de transportes y lo que respecta a la documentación y obligaciones de los vehículos. Todo ello claro está, sucede con la complacencia de la administración, generando una impresión de impunidad, donde además de instaurarse un modelo laboral sumamente precario, el ejemplo empresarial es la elusión de impuestos a paraísos fiscales que no redundan en los servicios públicos del país.
Haremos un rápido repaso a lo largo de estos últimos años, sobre la lucha que el sector del taxi ha mantenido por el intrusismo de estas plataformas de VTC que todos conocemos sobradamente.
En este recorrido es de especial interés la relación directa o indirecta de algunos altos cargos políticos, empresarios y banqueros, como el caso del exministro de Fomento Iñigo de la Serna, o el de Idelfonso Pastor, que pasó también de Ministro y senador a Uber. Así mismo Isaac Martín-Barbero, pasó de Ministro de Fomento a Cabify, todos ellos del PP. del Diputado catalán y marido de Inés Arrimadas, Xavier Cima, que saltó a Uber. Como el caso de Rosauro Varó, hijo de una histórica diputada del PSOE que ha emprendido una tan vertiginosa como sospechosa carrera empresarial que le ha llevado a ser unos de los principales accionistas de Cabify, pasando por haber tenido unas 3.000 VTC. O Jaime Castellanos, banquero y concuñado de Emilio Botín, accionista mayoritario de otro de los gigantes de las VTC. Podríamos seguir ampliando el listado casi interminablemente, como así documentaba los más de 124.000 documentos filtrados al diario «The Guardian», dentro del marco de una investigación periodística llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la cual la mismísima Uber admitió haber pisoteado marcos legales, presionado a políticos y oligarcas y evadido impuestos, calificándose así mismos en correos internos como «somos jodidamente ilegales» . Dentro de esa investigación había un listado de más de 100 personas «necesarias» en esa trama, muy influyentes en la política nacional, pero que a algunos no interesó que se hiciera pública, dejando que dicha investigación quedase en un simple escándalo que en unos día sería olvidado. En todos estos años han ido desgastando al sector del taxi en una peregrinación entre manifestaciones, juzgados y demás, mientras limaban y adaptaban la norma en beneficio de estas plataformas y alimentando así la corrupción del país, con banales justificaciones. Con todo esto uno de los objetivos era «normalizar» esa situación de ilegalidad, donde la ocupación silenciosa de las VTC invaden las principales ciudades con una impunidad absoluta, consentida gracias a la complacencia de las administraciones estatales, autonómicas o locales que nos han puesto las máximas trabas posibles al respecto.
Y no os extrañe que a futuro ese listado de «personas influyentes», vaya acompañado presuntamente también de algunos representantes del sector, necesarios útiles, para mantenernos a los taxistas «sumisos» en esa nueva situación normalizada, donde el modelo desregulado de la VTC intenta imponerse al servicio público del taxi. Sobre esto, hemos tenido que escuchar a ciertos representantes de nuestro sector el discurso en la línea de que… «nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad de una movilidad compartida y en cierto modo desregulada, que no afectan a nuestra facturación y que la mejor forma que tuviéramos de «adaptación» es reducir el número de taxis». En otras palabras, un desmantelamiento encubierto del sector del taxi. Curioso y sospechoso punto de vista que no sabemos a que intereses obedecen, pero a los del taxi obviamente no.
Cuando la información es incompleta o sesgada, siempre lleva aparejada la manipulación de algún conjunto de personas con algún interés tendencioso y más, en un tiempo donde el sentido común es el menos común de los sentidos.
La vida de lujo del ‘cártel’ del jefe de la UDEF: millones emparedados y coches de alta gama
