La Junta de Andalucía, (como se esta volviendo costumbre), en un ejercicio de falta absoluta de transparencia y abuso de la mayoría que ostenta, aprobó este pasado miércoles en su Consejo de Gobierno, un Decreto Ley por el cual se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, derivada de la «polémica» reforma de 2022. Concretamente la Junta esta evaluando la concesión de 1.373 nuevas autorizaciones de VTC, que serían el preludio de cientos de ellas más, que vendrían a sumarse a las 3.713 actuales que están repartidas en la práctica entre Sevilla, Málaga y Granada en su mayoría. Todo ello sin dar una participación real al sector que ve como se expandirá esta plaga por Andalucía en detrimento del servicio público y los derechos de la ciudadanía.
Este pasado enero, desde Élite Taxi Andalucía presentamos alegaciones al borrador del Decreto aprobado la semana pasada que publicó la Junta de Andalucía, el cual consideramos una «mofa». Respecto a los criterios de concesión de nuevas autorizaciones VTC, se limita a establecer criterios medioambientales poco ambiciosos que, además no son aplicables a los coches eléctricos. Hemos solicitado que se establezcan criterios medioambientales más exigentes y que se complementen con criterios de gestión de tráfico, del transporte y del uso del espacio público urbano, como así establece el Real Decreto-Ley 5/2023 de 28 de junio.
Para colmo ayer 16 de junio, la Junta hace una publicación al respecto en el BOJA, donde viene a «excusarse» diciendo que no se podían «imaginar» que desde enero llegarían a recibir un aluvión de solicitudes de nuevas VTC y que a ese ritmo se doblarían las actuales en seis meses. Concretamente cuantifican desde 2023 hasta diciembre de 2024, 23 solicitudes y hasta el mes de abril habrían llegado hasta las 1.373. Datos que no se corresponden a los que nos aseguraron en la Consejería de Fomento sus responsables (más de 4.000 solicitudes) ya en 2024. ¿Quieren maquillar las cifras para no asustar al sector?. Por tanto vienen a decir que aprueban solo los criterios medioambientales y, en lo concerniente a gestión del tráfico y espacio público se dan un plazo de dos meses para elaborar un informe que recoja esos criterios. O son muy ingenuos o subestiman el sentido común de la ciudadanía. Han tenido muchos meses, e incluso años para llegar a esa conclusión que en reiteradas ocasiones les hemos expuesto que pasaría. Y obviamente tienen difícil elaborar un informe técnico de esa complejidad en puertas del verano y en ese plazo de tiempo, a no ser que todo esto obedezca a un «imprevisto premeditado» de la Junta para justificar este atropello en beneficio de estas grandes empresas privadas y plataformas de VTC.
El portavoz de Élite Taxi Andalucía, Rafa Baena, asegura que este Decreto vendría a «concluir con la labor» que comenzaron en 2022, el polémico Decreto-Ley 8/2022, que generó multitud de protestas del taxi andaluz, al regular a espaldas del sector y no recoger ninguna de sus propuestas dirigidas a la protección del servicio público, que concedió «barra libre» a estas grandes empresas, modificando la normativa de transportes, dando lugar a un modelo de negocio depredador manejado por plataformas, fondos de inversión y grandes complejos empresariales, los cuales, algunos de ellos ya tenían un histórico de irregularidades y compra de voluntades políticas, como así reflejaba la investigación periodística del diario «The Guardian» y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que grandes grupos políticos se negaron a que hubiera una comisión de investigación al respecto del escándalo.
Desde Élite Taxi avanzamos, que no le vamos a poner fácil a este gobierno andaluz, acabar como pretende con el servicio público del TAXI y los derechos de las y los andaluces, como así vienen haciendo con un desmantelamiento sistemático de la sanidad o la educación públicas.
ÉLITE TAXI ANDALUCÍA
