El servicio público del taxi expulsado de su seguro u obligado a pagar subidas desorbitadas que pueden llegar hasta más de 12.000 € anuales, por la póliza de su vehículo sin justificación alguna.
Situación que esta llevando al sector, junto a sus economías familiares a verdaderos dramas, con algunos vehículos parados temporalmente, porque encontrar quien asegure taxis se convierte en una odisea. Situación que Élite Taxi Andalucía lleva más de un año poniendo en conocimiento de un gobierno central, que responde a través de distintos grupos parlamentarios, alegando que podría ser que nos estén cargando la alta siniestralidad del sector VTC, y reconociendo tener un organismo público, para velar porque este tipo de abusos y mala praxis no ocurran, y cita textualmente “la libertad de precios no debe amparar precios abusivos, ni conductas injustas para el asegurado y por ello el Ministerio desarrolla una actividad supervisora para evitar que las aseguradoras puedan realizarse subidas injustificadas y abusivas de precios que no se ajusten a la evolución del riesgo”. En conclusión, el gobierno reconoce sus competencias y que la “actividad supervisora” desarrollada por su Ministerio no ha funcionado y pasado un tiempo tampoco muestra interés en ponerle remedio.
Es por ello que esta mañana del miércoles día 22 de enero, ÉLITE TAXI ANDALUCÍA, junto a la PLATAFORMA TAXI ESPAÑA, y respaldadas por la Unión Nacional de Comercio (CNAC), han presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, gracias al apoyo de los grupos parlamentarios de PODEMOS, ESQUERRA, SUMAR, COALICIÓN CANARIA Y BNG, que han propiciado la iniciativa, que se llevará tanto a comisión como a pleno. Para “instar” al Gobierno a que con la mayor urgencia, tome las medidas a su disposición para garantizar al sector pólizas a precios competitivos, como hasta hace un año venía siendo, para proteger al servicio público del taxi y el derecho de la ciudadanía. Sobre dicha PNL y por tanto, sobre los intereses del sector, se tendrán que posicionar y votar el resto de grupos parlamentarios.
Recuerdan al Gobierno que el TAXI es y realiza, tal y como dice la Ley, un servicio público de interés general a la ciudadanía y que la administración tiene la obligación de velar por seguir garantizando ese derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas.
