Ya han transcurrido más de cuatro meses, desde que la Asociación Profesional Élite Taxi Andalucía documentase ampliamente y denunciase en el Ayuntamiento de Granada las presuntas irregularidades que estuviera cometiendo la plataforma de Transporte Uber y los taxistas que estuvieran trabajando para la misma, instando al ayuntamiento a que hiciera las correspondientes inspecciones y abriese, si así se determinase, el correspondiente expediente sancionador y el cese inmediato de la actividad. Según confirma Élite Taxi Andalucía, a día de hoy y desde que Uber comenzó su campaña en Granada, allá en diciembre de 2024, seguiría incumpliendo la normativa. Recordamos que estarían obligados a cumplir con ciertos requisitos recogidos en la «Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles Turismo Auto-Taxis en Granada y su Área de Prestación Conjunta», en su artículo 56. Requisitos como puedan ser disponer de un servicio telefónico de atención personal al cliente 365 días, y disponer de oficinas o instalaciones abiertas al público, así como disponer de un número mínimo de vehículos taxi equivalente al 20% de la flota que opera en el APC, entre otros requisitos que al parecer no se cumplen, como podría ser también la propia autorización para comenzar la actividad en Granada, la cual tampoco consta que hayan obtenido. Para Élite Taxi puede haber un incumplimiento de la norma aplicable a las empresas de intermediación, así como un presunto incumplimiento de la normativa sobre tarificación y taxímetro, tal y como refleja en su artículo 58 de la misma norma «Anexo IV. Normas y parámetros para el cálculo del precio cerrado». Todo ello constatado y documentado por la propia asociación mediante un servicio realizado en un taxi mediante la plataforma Uber, que en cuestión de minutos inflaba los precios por encima de un 65% en función de la oferta y la demanda y no como debiera, ajustado a las tarifas oficiales reguladas. Sobre esto mismo el 11 de marzo, dicha asociación volvió a recordar y advertir formalmente al ayuntamiento sobre la denuncia y las consecuencias de no proceder sobre la misma. Ante este despropósito el ayuntamiento de Granada ni tan siquiera ha contestado al denunciante, lo cual pudiese estar incurriendo presuntamente en una «conducta omisiva» en sus obligaciones y competencias como administración. No queremos pensar que esta actitud pueda obedecer a intereses como ya destapaba la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sobre 124.000 documentos de Uber filtrados al Diario «The Guardian», que señaló su entrada en Europa «pisoteando marcos legales, presionando a políticos y oligarcas y evadiendo impuestos».
Esto pudiera ser un paso más en el sutil desmantelamiento del servicio público del taxi como tal, con la pérdida de garantías de accesibilidad de la ciudadanía a este servicio público. Por tanto Élite Taxi entiende que por la gravedad de los hechos y la vulneración de los derechos de las usuarias y usuarios, que el órgano competente debiera estar ya realizando los trámites pertinentes de inspección, y dado el caso, apertura de expediente sancionador y cese inmediato de la actividad, algo que a esta asociación ni le consta, ni le han notificado como denunciante de los hechos. Además quieren dejar claro que no cesarán en su empeño en que se cumpla la normativa, e incluso advierten que acudirán a la justicia por la vía penal, si fuera necesario y procediera.
