Cuando en 2014 empresas como Uber aterrizan en España, lo hacen en un país que legisla el sector del Taxi como un Servicio Público. Esta catalogación supone que las licencias (cuyo precio oscila entre las 120.000 y 250.000 euros de media) son una concesión administrativa regulada y son las administraciones las que regulan las tarifas.
El montante de la licencia supone un ahorro previo por parte del taxista y una inversión nada desdeñable además de tener que someter al vehículo a costosas y periódicas revisiones.
La llegada de multinacionales como Uber o Cabify supone, desde el principio, una competencia agresiva y desleal que hace peligrar la viabilidad económica del sector del Taxi:
- No deben adquirir una licencia para desarrollar el servicio
- No se someten a revisiones periódicas exhaustivas (si no que se tratan como cualquier otro vehículo particular)
- No pagan tasas municipales
- No hacen frente a los elevados seguros que supone declarar un vehículo como taxi (pagan lo mismo que un particular)
Junto con el desagravio económico los usuarios sufren falta de seguridad, tarifas aleatorias y/o abusivas y conductores que desconocen las normas de tráfico y siguen a pies juntillas las indicaciones de aplicaciones como Google Maps aunque estas indiquen arriesgadas maniobras.
A todo esto hay que sumarle que estas compañías no están obligadas a tener ningún vehículo PMR (adaptados para personas con discapacidad reducida).
En la actualidad (mayo 2024) existen 1500 VTCs operando en Sevilla y unas 2000 en Málaga. Esta es otra de las características de este modelo de mercado: la concentración. Estas multinacionales prestan servicio solo en las áreas que más pueden explotar (Sevilla, Málaga y la Costa del Sol en el caso de Andalucía) y no apuestan por los demás territorios.
