Sevilla, 12 de dic. de 2025 (Noticias del taxi)
Hace unos días se notificó a la parte denunciante, Élite Taxi Sevilla, la sentencia sobre el contencioso administrativo que interpuso allá por la primavera de 2024, contra los acuerdos tercero, quinto y séptimo adoptados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, relativa a la adjudicación de la vocalía de los asalariados en el Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi.
Bien, primero recordemos como se desarrolló este sistema de reparto y adjudicación de dicha vocalía y finalizaremos con el dictamen de la sentencia. El 9 de diciembre de 2023 se publica la convocatoria para que las asociaciones que quieran concurrir y optar a dicha vocalía, puedan solicitarlo en el plazo de 10 días. Para ello tienen que reunir y demostrar que cumplen ciertos requisitos, como por ejemplo documentar los trabajadores asalariados que tienen como socios, a día de pago de cuota de la asociación y que estén en activo, o sea trabajando con un taxi. Hasta aquí todo normal, hasta que saltan las «alarmas», porque en la solicitud de la asociación Solidaridad Hispalense, se detecta que presenta un listado de asalariados mayor en número que el de la totalidad de los asalariados en activos trabajando en la ciudad de Sevilla. Este procedimiento de cribado y reparto de la vocalía se dirime por una mesa técnica del Instituto del taxi. Élite Taxi pone desde el primer momento en conocimiento de los responsables del Instituto, que presuntamente pudiera estar cometiéndose un fraude en alguna solicitud, como habían advertido y demostrado anteriormente en la última convocatoria y que también tuvo que ganar en los juzgados. El Instituto del taxi y sus responsables ya advertidos, desoyen dichas advertencias y el 5 de abril de 2024 adjudican oficialmente la vocalía de los asalariados a Solidaridad Hispalense, con un dictamen final de 57 asalariados, frente a los 49 reconocidos a Élite Taxi.
Denuncia en el juzgado. Ante la posibilidad de un nuevo presunto fraude, Élite Taxi comienza por reclamar judicialmente el expediente de dicho reparto, el cual costó varias visitas al juzgado para que los responsables del Instituto del Taxi se dieran por enterados de cual era la parte del expediente que les solicitaba la juez. Pero la perseverancia termina por dar sus frutos. El expediente y las declaraciones de los responsables de este órgano municipal son sumamente aclaratorias, en él se evidencian infinidad de irregularidades, actuaciones de dudosa credibilidad, y distintas y constantes versiones sobre los datos en la solicitud de Solidaridad Hispalense, que se presenta hasta por 3 veces con fechas de registro y de firmas digitales contradictorias o sin firma y la última hasta fuera de plazo, que pudiera prestarse a la nulidad de facto de la solicitud. Otra sería la presentación de las cuentas de la asociación, de donde emanan las cuotas de los socios para desglosar el número de socios reales, pues hasta en 4 ocasiones presentan distintas cifras económicas, las cuales arrojan constantemente un baile de cifras de socios, que arrancan con 116, pasando posteriormente por 81, y finalmente dando por buenos la comisión técnica del Instituto, un número de 57. El remate final fue la cifra con la que concluye la mesa técnica que era incongruente.
Declaraciones judiciales. Los responsables del Instituto del Taxi declaran que pudieran haberse cometido «errores humanos» debido a los medios rudimentarios de los que disponían y, que tras la revisión, comprobaron que en el listado había personas jubiladas y algunas que no eran asalariadas, o ni tan siquiera taxistas que eliminaron, pero que aún así entendían que su trabajo había sido el correcto.
Conclusiones y sentencia por parte de la juez. Tras el análisis por parte de la juez del expediente administrativo «Frankenstein» y las explicaciones, tanto del denunciante (Élite Taxi Sevilla), como de los demandados por parte de la administración (Ayuntamiento de Sevilla), y de Solidaridad Hispalense, viene a concluir que: en primer lugar las componentes de la mesa técnica reconocen que se hayan podido cometer errores humanos debido a la falta de medios. Que además tras el cotejo personal por la jueza, entre la base de datos de Bitácoras del Instituto del taxi y el listado de solidaridad, arroja una cantidad real de solo 32 asalariados y no de 57 como el Instituto les reconocía (dato que no costó mucho esfuerzo resolver tanto como que 3-2 son 1). Que advierte que esa cantidad es notablemente inferior a la reconocida por el ayuntamiento y a los 49 reconocidos a la denunciante Élite Taxi Sevilla. Quedando probado que por parte de la Comisión Técnica, ni siquiera se realizó una comprobación exhaustiva de la documentación contable.
Por tanto ANULA la resolución del Instituto del Taxi que otorgaba la vocalía de los asalariados a solidaridad del taxi y CONDENANDO al órgano municipal, para que tras nueva revisión designe la vocalía de los representantes asalariados a la organización que corresponda, como así tenía que haber sido desde abril de 2024. Todo ello con IMPOSICIÓN DE COSTAS a la parte demandada.
Según Élite, «el golpe» podía haber sido mayor, ya que la convocatoria se prestaba a dar por buena la duplicidad asociativa, o sea, que el Instituto del Taxi da por bueno que el mismo taxista apareciese presentado por las 3 asociaciones como socio, y si el objetivo es hacer un reparto de representatividad real, está claro que aunque un taxista pudiera estar apuntado en las 3 asociaciones, la administración debiera discernir cual es la ÚNICA asociación que dicho taxista quiere que le represente en ese Consejo de Gobierno, tal y como se hace en el Comité Nacional del Transporte, pero esto no es así según el Instituto. Brecha que alguien utilizó en su beneficio para presuntamente presentar varios socios de Élite usando sus datos sin su consentimiento. Datos que les han sido fáciles de recabar y que la administración estaba en el deber de cerciorarse personalmente de que esos «socios» dudosos no estaban siendo objeto de un fraude mayor, algo sobre lo cual la administración tampoco hizo nada al respecto. Nuevamente queda acreditada la falta de credibilidad de una asociación que recordemos a primeros de año fue motivo y centro de la investigación policial AERTASE, dirigida por la policía nacional contra el monopolio que un grupo de taxistas había impuesto durante décadas en el aeropuerto de San Pablo mediante amenazas, sabotajes y coacciones.
Pero aún con todas las trabas que Élite ha tenido que sortear, vuelven nuevamente y por segunda vez a conseguir que se haga JUSTICIA, aunque un poco tarde, pero la perseverancia, constancia y razón de la verdad que defiende Élite Taxi Sevilla en beneficio de TODO el sector solo tiene un camino. Y advertimos que no va a ser la única batalla que consigamos para elevar al taxi sevillano al lugar que merece y para ello es imprescindible que el sector entienda que los derechos se ganan con el «compromiso y la lucha colectiva», que individualmente no se gana en derechos.
