Desde su nacimiento Elite Taxi ha velado por los derechos del sector del taxi y se ha enfrentado a un panorama convulso, cambiante y complejo. Además la Asociación ha tratado de hacer llegar a la ciudadanía una visión real del sector y aclarar manifestaciones vertidas por empresas privadas y en ocasiones por administraciones y que dan la sensación de una especie de conflicto intencionado abierto entre el Taxi y las VTCs.
Un conflicto, que si bien existe, tiene sus causas en el incumplimiento sistemático de las normas y leyes por parte de entidades como Cabify o Uber y por tanto es deber del Taxi perseguir y denunciar estas prácticas que no hacen más que conducir a una privatización del sector y aumentar la precariedad laboral.
El colectivo del taxi no está en contra de los trabajadores de VTCs si no de un modelo de negocio que no es competencia leal a nuestro sector y que además supone un peligro para el usuario al estar exentos de facto del cumplimiento de las normativas de seguridad más básicas.
Durante nuestra trayectoria se han conseguido hitos como :
- Desde 2018 se han interpuesto entre 100 y 300 denuncias voluntarias al mes por infracciones de tráfico contra las VTCs. Gracias a ellas se ha conseguido, por ejemplo, que la presencia de estas en los carriles taxi-bus sea prácticamente cero así como en vías restringidas.
- Se ha creado jurisprudencia al rechazado reconocido el Tribunal de Justicia Europeo ,TSJUE, la normativa 1/30 que establece una cuota fija a los territorios independientemente de las características, tamaño o peculiaridades de estos. Desde el Tribunal Europeo avaló en junio de 2023 que «las administraciones puedan exigir una doble licencia para poder gestionar adecuadamente el transporte, el tráfico, el espacio público, incluso las medidas para la protección del medio ambiente». Con esta sentencia se apuesta por responder a las necesidades especiales de cada caso y lugar. Cabe recordar que en España, la regulación de la VTC tiene su origen en 2018 cuando el Gobierno aprobó el conocido como ‘decreto Ábalos’, que abrió la puerta a que las comunidades autónomas establecieran las condiciones para la concesión o denegación de nuevas licencias.
